En la Comunidad Valenciana donde la corrupción política ha sido la más descarada de toda España, podemos comprobar sus terribles consecuencias. Tenemos la mayor deuda pública en relación al PIB de todo el Estado, alcanzamos los niveles de desigualdad social más acusados y uno de los mayores índices tanto de suspensión de pagos y cierre de empresas, como de paro.
Antes de comenzar la política de recortes, ya contábamos con una de las mayores tasas de fracaso escolar y nuestros servicios sociales públicos (sanidad, educación , dependencia, justicia, seguridad) eran de los peor financiados y más saturados por falta de una financiación adecuada. Mientras se recortaban nuestros derechos sociales, se favorecía, dotándoles de fondos públicos y concediéndoles todo tipo de privilegios, a empresas privadas para convertir derechos fundamentales que tendrían que estar garantizados por el Estado, en negocios que regalar a una determinada clientela de poder.
La caída en picado de nuestra economía, el desplome del modelo económico basado en la especulación inmobiliaria, los grandes eventos y obras faraónicas es mostrado en la prensa internacional como el paradigma de lo mal que se hicieron las cosas en nuestro país.
Nadie ha asumido responsabilidades políticas por el saqueo de lo público, por el latrocinio generalizado entre los dirigentes del PPCV, aunque la ciudadanía valenciana ha comenzado a despertar del sueño dorado, en la que la tenían engañada, porque éste se ha convertido en pesadilla.
La falta de rechazo público y ciudadano con la corrupción se ha acabado, ahora sola falta que se termine con la casi total impunidad judicial con la que ha contado, desde hace más de una década.
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La deuda creada por la especulación bancaria y el saqueo de los beneficios obtenidos por parte de sus consejos de administración y alto ejecutivos, la tenemos que pagar entre todos los trabajadores.
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