JULIO A. MÁÑEZ 10/06/2010
Caramba con el señor Trillo. No son arrestos lo que le falta a este hombre que arrebató el islote de Perejil ocupado por los moriscos en un alarde de gallardía militar que lastimosamente se echó en falta en su gestión (o no gestión, según como se mire) en el asunto de las víctimas del Yak-42. Se ve que más de una argucia cuartelera aprendió de las tutelas académicas de nuestro Manuel Ángel Conejero. ¿De qué se trata ahora, y ya huele? De demostrar que Francisco Camps pagó de su bolsillo los trajes con que le obsequió El Bigotes, y que una pandilla de presuntos prevaricadores ha amañado u ocultado las pruebas que así lo demostrarían. Como siempre, el señor Trillo, que ahora se ocupa de la Justicia (de la Justicia, sí) en el PP, no tiene ni idea de lo que está diciendo, aunque los cabos furrieles le sugieran que va por buen camino, manda huevos, hombre, no nos vamos a amedrentar por una cuadrilla de rojillos que lo mismo ni siquiera hicieron la mili. Lo cierto es que si nuestro incierto President consiguiera probar (que no) que abonó la vestimenta suministrada por El Bigotes, daría exactamente lo mismo, porque en este caso las vestiduras desnudan más que cubren el cuerpo con cierto decoro, ya que dejan tiritando el alma política de quien se vende por andar bien trajeado a cambio de sustanciar prestaciones todavía más audaces al servicial suministrador de los paños. No es que le vistan a medida el origen de sus problemas, señor Camps, sino la cuantía exacta de sus regalos a cambio de esas minucias de cortesía.
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¿Cualquiera puede ser denunciado por el PP antes los tribunales y sufrir las consecuencias del atrevimiento de enfrentarse a los que se creen que detentan el poder por nacimiento o gracia divina? Rita Barbera ha amenazado en plena calle, en más de una ocasión, señalándoles con su dedo, a ciudadanos respondones de que iba a denunciarlos.
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Los sobrecostes en grandes obras, desde Tierra Mítica a la Ciudad de las artes y las Ciencias, o en no tan grandes, como los centros educativos construidos por CIEGSA bajo el Govern de Camps y el Conseller Font de Mora, han sido una de las fuentes de las que se ha nutrido y engordado la corrupción en la Comunidad Valenciana. Pero las denuncias se han topado con la falta de trasparencia, el secretismo y la impunidad judicial, o con las amenazas directas a quienes preguntan o reclaman una información que tendría que ser pública. Un gobierno corrupto sólo se puede mantener desmantelando el Estado de Derecho y desvirtuando los derechos democráticos, y , en último extremo, mediante la intimidación y el ejercicio de la represión.
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