Por ARTURO GONZÁLEZ
En muchos lugares de la Comunidad Valenciana, como en
Alicante ciudad y provincia, el gobierno ha estado en función de beneficiar a cuatro
chorizos que se hacen pasar por empresarios, mientras sobornan a políticos, notarios, registradores de la propiedad y
jueces corruptos, interesados en llevarse una buena tajada.
En otros, como en Castellón, los propios dirigentes del PP, representantes
del mantenimiento de la tradición caciquil, son los que orquestan el saqueo
descarado de lo público, para mayor beneficio de su familia y de su clientela
de poder, contando con la aquiescencia y amistad tanto de los jueces, como del sector empresarial.
Por último, como ha sucedido en Valencia y comarca, la
rapiña se puede organizar mediante un modelo mixto, que recoge lo peor de los
modelos anteriores.
Los alcaldes se rebelan contra Ortiz
EL PAÍS. Ezequiel Moltó Alicante
Sant Vicent rechaza pagar al promotor por unos
aparcamientos y Alcoi le multa por falta de mantenimiento en una obra
El supervisor de Emarsa nunca informó de la situación de la firma
Joaquín Gil Valencia
El testigo no preguntó por los precios desorbitados
que pagaba la depuradora a los proveedores
EL PAÍS|
JUAN E. TUR | Valencia
Tras una
orden ministerial que impidió a Barberá destruir parte de este barrio, un
mecanismo del Gobierno permite seguir polemizando a la alcaldesa sobre el
futuro del enclave marinero.
ESTA CRISIS ES UNA ESTAFA
PÚBLICO | JORGE OTERO
Hace seis
años había 393.200 desempleados que llevaban más de un año sin trabajar. Ahora
son 3.456.400, el 58,53% del total. El 37% de los parados ya llevan más de dos
años en el paro, con lo que ya han perdido la prestación.
El Instituto
Flores de Lemus cree que se destruirán cerca de 230.000 puestos de trabajo
entre los meses octubre y diciembre.
Fitch cambia de “negativa” a “estable” la perspectiva de España
La agencia de calificación mantiene la nota de la
deuda española en BBB, dos escalones por encima del bono basura
RESISTENCIAS
Los
Presupuestos para 2014, que han superado el primer trámite parlamentario,
prevén un ajuste de 3.900 millones a costa del sueldo de empleados públicos y
pensionistas.
A los
ciudadanos también les 'preocupan' otros políticos, entre ellos el exministro
José Blanco y el expresidente balear Jaume Matas.
Respuesta a
la crónica del catedrático José Luis Dader publicada en el 'El Mundo' en la que
relataba su versión de los hechos acaecidos durante la huelga general de
educación.
"La
insumisión en un Estado de Derecho es un concepto retórico", ironizó el
ministro de Educación durante su visita a Pekín
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