Solo en los últimos 3 años han llegado a los tribunales los juicios contra la corrupción en el PP valenciano, tras largos años de instrucción y trampas legales de todo tipo. Hemos sufrido dos décadas de casi total impunidad para todo tipo de prácticas corruptas, que han podrido nuestras instituciones. El carpetazo al caso Naseiro bajo el gobierno de Aznar, que había destapado la financiación ilegal del PP y los motivos para estar en política de una buena parte de sus dirigentes, despejaba el terreno para cualquier tropelía orquestada por parte de aquellos que ostentaran cargos públicos.
La independencia del poder judicial había sido estrangulada mediante dos estrategias, por un lado, el nombramiento de los altos cargos de los tribunales de justicia por el PP valenciano, a los que se les concedía todo tipo de privilegios, hasta vivir en un palacete renancentista pagado con fondos públicos, como en el caso del Juez Juan Luis De la Rúa que ostentó el cargo de presidente del tribunal superior de justicia valenciano, y que hizo todo lo posible para exculpar a Camps cuando aparecieron los primeros indicios de su presunta implicación en la trama Gürtel. Por otro lado, reduciendo la financiación de los tribunales ordinarios de justicia que han padecido la falta de recursos materiales y humanos para poder desempeñar su papel con eficiencia.
Aunque Camps, en la Comoditat Valenciana, había revalidado su mayoría absoluta en las urnas, tuvo que dimitir pues el escándalo podía salpicar al PP en su conjunto, pues mostraba sus formas de financiación y el enriquecimiento ilícito de algunos de sus dirigentes más destacados.
Alberto Fabra, delfín del otro Fabra, llegó a la Generalitat para intentar salvar las apariencias, cuando los principales dirigentes del PP valenciano imputados por una larga lista de casos de corrupción eran cabecera de los telediarios y portada de los periódicos de ámbito nacional e incluso internacional. Había que quitar de la primera plana a los rostros más visibles que representaban la corruptelas más descaradas, había que apartarles hacia discretos puestos, para sacarles de la luz de los focos. Había que tapar la putrefacción acumulada aunque fuera metiéndola debajo de las alfombras.
Cualquier persona con un mínimo de inteligencia y ética sabe que es imposible que desde el PP valenciano se pueda producir la regeneración democrática que necesitamos, aunque pueda caer en la ilusión de pensar que esto lo pueden hacer otros partidos políticos que articulan sus direcciones mediante profesionales de la política desde hace muchos años y que, además, tienen imputados por corrupción en otras comunidades autónomas donde gobiernan,que podrán seguir apareciendo en sus listas cara a las próximas elecciones.
Una regeneración democrática solo se puede dar mediante un proceso de depuración de responsabilidades, creando leyes y mecanismos que impidan que se vuelvan a reproducir toda la serie de prácticas corruptas que vamos conociendo, pero esto ni será posible ni real, si no se articula desde las propias instituciones la implicación y participación ciudadana en la toma de decisiones y en el control de los cargos públicos. Solo estará garantizado este proceso sí los que aspiran a ser representantes públicos firman códigos éticos que impliquen que no se está en política para forrarse, aceptando la posibilidad de ser revocados, comprometiéndose a tener límites salariales y de desempeño del cargo, a renunciar a los privilegios fiscales o de otro tipo y a que su patrimonio y su actuación política sean transparentes y puedan ser fiscalizados permanentemente por la ciudadanía.
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