El modelo económico del PP allí
donde ha gobernado está basado en el saqueo de lo público, a través del
derroche y la corrupción, con los que se logra extender una amplia clientela de
poder y de estomagos agradecidos, al mismo tiempo que permite el enrequecimiento de sus altos
cargos y familiares. Baleares bajo Jaume Matas y secuelas, la Comunidad de Madrid
bajo Esperanza Aguirre, la Comunidad Valenciana bajo Zaplana, Camps y Fabra son ejemplos evidentes de esta gestión.
El desequilibrio producido entre
ingresos y gastos, la deuda generada, por la malversación del dinero y el
patrimonio público, les sirve luego como excusa para ir recortando la
financiación de los servicios sociales en un proyecto que pretende dejarlos a
un nivel meramente asistencial, para favorecer su privatización. Hace casi una
década que este proceso se realiza en las CCAA gobernadas por el PP, la burbuja
inmobiliaria les permitió mantener un alto nivel de ingresos, pese a que la deuda
no dejaba de aumentar. Aún así, la
política que han seguido las diversas administraciones del PP ha consistido en
dar una escasa financiación a los
servicios públicos, mientras se sufragaba con el dinero de todos la
privatización de la Sanidad, la Educación o la Atención a la dependencia. Lo que anteriormente
eran derechos garantizados por el estado, pasan a convertirse en nuevos
negocios que regalar a familiares y amigos del alma, a cambio de compensaciones
económicas o fabulosos regalos.
Ahora, con la excusa de la crisis,
están acentuando y acelerando un proceso ya iniciado. No se trata de ajustes o
reformas, sino de desmantelar el Estado Social, Democrático y de Derecho, se
trata de cambiar el modelo de sociedad dejando en papel mojado la propia Constitución
y los pactos que permitieron la Transición. La hegemonía económica que
defienden la han hecho extensible al control político del parlamento,
conseguido con solo un 32% de los votos reales y un 44% de los votos útiles, a
las instituciones de Justicia donde el bloque conservador garantiza el respaldo
jurídico a los hachazos al marco constitucional y laboral, además de la protección de los corruptos, y la inhabilitación o
marginalización de aquellos que la persigan. La hegemonía sobre los grandes medios
de comunicación se extiende a pasos agigantados, convertidos en instrumentos de
mera propaganda institucional e ideológica, de alienación consumista y
borreguil.
Solo una sociedad civil articulada,
una ciudadanía consciente y organizada en diversos colectivos, asociaciones,
plataformas articuladas horizontal y democráticamente pero coordinadas entre
sí, puede sostener la resistencia frente al ataque a nuestros derechos
sociales, laborales y civiles, frente al intento de instaurar un Régimen
Neoconservador, exigiendo al conjunto de organizaciones sindicales y partidos
políticos progresistas, ecologistas y de
izquierdas la convergencia en un bloque que pueda hacer frente a las políticas neoliberales y neoconservadoras.
Que incluso, cuando llegue el momento, pueda ganar unas elecciones con la
mayoría suficiente como para cambiar la ley electoral, para que sea realmente
proporcional, exigiendose la participación y la consulta a la ciudadanía en la
toma de decisiones fundamentales, una mayoría capaz de crear leyes de trasparencia y
anticorrupción, leyes que persigan de manera contundente y efectiva el fraude
fiscal, haciendo desaparecer los privilegios fiscales de las grandes fortunas y
empresas, leyes que transformen las instituciones de justicia españolas
haciendolas más agiles y efectivas, al mismo tiempo que más abiertas, acabando
con los privilegios de casta y la endogamía que permite el mantenieminto de una
mayoría conservadora. Al fin de al cabo leyes que permitan una democracia más
real y un estado social garante de la justicia e igualdad de oportunidades para
todos.
Adolf Beltran. EL PAÍS
"En la cara de susto de Rajoy se reflejó, a través de los medios de
comunicación, la escena genuina de la crisis"
El nuevo dato supera en
cuatro décimas al enviado a Bruselas en marzo por el reconocimiento de facturas
a proveedores. El déficit de Madrid duplica el anunciado a Hacienda
Los principales
responsables de la desviación del déficit son autonomías 'estrella' del PP:
Madrid, Valencia y Castilla y León
PÚBLICO
CORRUPPCIÓN GENERALIZADA
EL PAÍS. Manuel Altozano Madrid221
El juez Ruz reclama 362 contratos con la red Gürtel tras nuevos hallazgos. La Comunidad de Madrid contrató sistemáticamente sus actos con empresas de Correa.
El juez de la Audiencia toma carrerilla con Gürtel y en un solo día toma decisiones que afectan a la trama en toda España
EL ÚNICO CONDENADO, HASTA AHORA POR EL CASO GÜRTEL ES EL JUEZ QUE LO DESTAPO
Jueces progresistas europeos piden hoy ante el ministerio la medida de gracia para el exjuez. La iniciativa cuenta con el“consentimiento” del exmagistrado inhabilitado por el 'caso Gürtel'
Se amnistía y favorece el fraude a la hacienda pública, protegiendo la mala gestión y la apropiación indebida mediante la falta de trasparencia.
El ministerio planea permitir el lavado de dinero en efectivo, lo que facilita evadir impuestos este año. Los defraudadores podrán acogerse a la amnistía fiscal desde su casa por Internet
Santamaría rechaza una comisión de investigación parlamentaria sobre Bankia
El PP asegura que ese órgano no serviría de "lazo directo" para analizar la crisis
Hay que exigir responsabilidades penales ante la estafa y el fraude fiscal generalizados entre los directivos de las Cajas, que fueron nombrados por los propios partidos políticos.
Torres-Dulce pide analizar si ha habido posibles delitos de estafa o fraude fiscal o excesos en indemnizaciones a directivos
El Banco de España remite un pliego de cargos a medio centenar de expedientados, por infracciones muy graves
LA COSA NOSTRA: CORRUPPCIÓN VALENCIANA
La deuda ha ido aumentando, mientras los altos cargos siguen saqueando.
Solidaridad conocía las “artimañas” de
Tauroni en el hospital de Haití
·
El
principal imputado por el fraude de la ayudas, encarcelado, se hizo con 1,5
millones de euros
-
Corrupción
sin fronteras
EL MUNDO
- La Fiscalía investiga fraude en
subvenciones para proyectos de cooperación
- Según las denuncias, la ayuda
para Nicaragua se gastó en pisos en Valencia
- La cifra malversada por la
trama podría alcanzar los 9 millones de euros
- Hasta ahora hay 14 imputados,
entre ellos dos altos cargos de la era Camps
- La oposición apunta a Blasco,
ex conseller de Solidaridad y portavoz del PP
Rodrigo
Terrasa | Valencia
La tesorera del partido argumentó que los
hechos habrían prescrito. Ceres le recuerda que está imputada
CASO IVEX
El cantante tiene
pendiente una declaración por un caso de presunta malversación de fondos
públicos y delito fiscal
Sanidad pagará a las nuevas gestoras sanitarias 1.594 mill.La Administración sanitaria abonará un pago capitativo de 444,47 euros a las operadoras por gestionar la logística y los servicios ya privatizados
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