En el País Valenciano vivimos bajo un estado de excepción, gobernados por un Régimen, hortera y estrafalario, puesto al servicio de la corrupción que permite el saqueo de lo público. Las garantías del funcionamiento democrático de nuestras instituciones hace ya tiempo que han sido canceladas.
El desprecio hacia la ciudadanía se muestra en el recorte continuado de sus derechos y en la falta de transparencia sobre el uso que el gobierno ha dado y da al dinero público, en sus reiteradas promesas incumplidas,en la habitual manipulación informativa o en las mentiras continuadas, y, sin duda alguna, en el desprecio a la gestión de control que tiene que ejercer la oposición, usando su mayoría para amordazar la actividad parlamentaria.
Pero sobre todo, su carácter de Régimen cerrado, se muestra en el control que ejercen sobre el poder judicial, mediante, por un lado, el nombramiento de los altos cargos de esta institución, como los del Tribunal Superior de Justicia, que tiene potestad sobre los aforados, por otro, no dando la financiación adecuada a los juzgados, para que la falta de medios y personal haga inviable o lentísima la instrucción de los casos que afecten a la corrupción política.
Lo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana muestra el modelo que se va implantando progresivamente, en el estado español, bajo el gobierno de Mariano. No olviden que este presidente, amigo de delincuentes, siempre alabó y puso como modelos de gestión a Jaume Matas en Baleares, a Francisco Camps en Valencia o a Carlos Fabra en Castellón.
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