La corrupción ha salpicado a diversas organizaciones políticas y sociales pero no en todas tiene la misma incidencia, ni el mismo papel dentro de su funcionamiento.
EL PP es el partido que ha institucionalizado la corrupción tanto como su forma de financiación, como para determinar los puestos y recompensas de sus dirigentes dentro de su organización, y el reparto de prebendas e incentivo para su militancia y simpatizantes.
La estructura del PSOE, sobre todo donde ha gobernado de manera ininterrumpida, ha conformado aparatos clientelares de los diversos cargos, donde siempre se ha podido colar algún listo que ha contado con la complicidad suficiente o la falta de controles manifiestos, para poder llenarse los bolsillos a manos llenas. Algo similar puede haber pasado con algún dirigente de IU nombrado como consejero de alguna Caja, o de las principales centrales sindicales, donde el lugar dentro de la jerarquía, o la confianza depositada por determinado dirigente parecen dar un halo de invisibilidad que permite la impunidad total.
En CIU, un partido de los notables de toda la vida de Catalunya, la corrupción sigue siendo el deporte y pasatiempo de algunos de sus más afamados defensores de la patria, como Millet, o el hijo de Jordi Pujol.
Obviar y diluir las diferencias y responsabilidades es manipular los hechos, intentando que la gente no entienda nada, pues esto aunque parezca servir para denunciar al sistema que lo permite, acaba sirviendo para justificar a los que han empleado la corrupción de manera más descarada. La corrupción no es un estado natural de las instituciones dentro un sistema democrático sino una anomalía, que puede ser corregida con remedios de sobra conocidos: transparencia, restricción del aforamiento, no prescripción del delito, penas contundentes, inhabilitación para el desempeño del cargo público, etc. No todas las personas somos corruptos, ni lo son todos los políticos. No en todos los partidos tiene el mismo papel e incidencia el saltarse las leyes, que se han de proteger, para beneficio propio. Esta opinión, siempre interesada, es la última defensa, una vez las evidencias son aplastantes, para justificar las prácticas corruptas generalizadas en el seno de las organizaciones que funcionan por y para la corrupción.
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