LOS GRANDES EVENTOS: EL TIMO ORGANIZADO AL RESTO DE LOS VALENCIANOS

Luna pone la gestión de Terra Mítica como modelo de despilfarro
L. GARRIDO
El PSPV considera que la práctica se ha extendido a otros grandes proyectos

El PSPV considera que los grandes proyectos y grandes eventos favorecidos por el Gobierno autonómico del PP "han constituido un caldo de cultivo para la extensión de redes clientelares y parasitarias del presupuesto público". Es el análisis que ayer realizó Ángel Luna, portavoz del PSPV en las Cortes, tras conocer el considerado por Hacienda como "Informe final" del caso Terra Mítica. Ese informe pone de manifiesto que las obras de construcción del parque temático de Benidorm sirvieron para el enriquecimiento personal a costa del dinero público. El análisis del perito recoge la constatación de la existencia de una trama de empresas que con facturas falsas (o por no haber realizado los servicios recogidos en ellas o por inflar los precios de las mismas) hurtaron a Hacienda, al menos, 4,4 millones de euros. Al perito le llama la atención que Terra Mítica, entonces sociedad participada mayoritariamente por la Generalitat, no se apercibiera de lo que estaba ocurriendo cuando existían protocolos de control económico, financiero y contable. El experto señala la inequívoca participación de testaferros, de empresas inactivas que facturaron millones.
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Luna señaló ayer que la lesión al presupuesto público desde los grandes eventos y grandes proyectos se ha producido "en unos casos por elementales irregularidades administrativas y, en otros, por haberse cometido flagrantes actividades delictivas, como parece presuponer el informe de Hacienda sobre Terra Mítica".
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Para Ángel Luna, en prácticas como las que el inspector de Hacienda señala que se realizaron alrededor de la construcción del parque Terra Mítica, "está el origen de la estrepitosa deuda que atenaza a la Administración pública valenciana, que le impide una mínima actuación eficaz contra la crisis económica".
Por la gestión de las obras de Terra Mítica no se ha depurado ninguna responsabilidad política. El caso está judicializado desde 2005 y Hacienda ha insistido a lo largo del procedimiento en la evidencia documental de que varias empresas, son 19 las denunciadas, se pusieron de acuerdo para manipular la liquidación de IVA y del Impuesto de Sociedades en los ejercicios 2000 y 2001.
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EL PAÍS. L. GARRIDO