El caso Gürtel y otros casos, como el de Jaume Matas o los de Fabra, revelan tramas de corrupción que han permitido tanto la financiación ilegal del PP, como la consolidación de una serie de clientelas de poder y de dinero afines a él. Además muestran que el motivo por el que están en la política tantos de sus dirigentes es el enriquecimiento personal puro y duro.
La corrupción se ha extendió a lo largo y ancho de nuestra geografía, pero el epicentro más importante han sido las estructuras organizativas y el sistema de relaciones de los gobiernos del PP, tanto a nivel nacional, bajo Aznar, donde se dio rienda suelta a este tipo de prácticas, en una coyuntura económica favorable a todo tipo de especulaciones, como a nivel autonómico y local, donde las tramas, la falta de trasparencia y la impunidad han continuado hasta el presente.
Cuando la fiscalía anticorrupción ha vuelto a tener medios, personal y financiación suficientes, cosa que no sucedió durante el gobierno de Aznar, la impunidad en la que se había instalado una corrupción conocida por todos, ha comenzado a ponerse en cuestión. Las investigaciones han ido destapando una trama tras otra, ahora la pelota está en el tejado tanto de la responsabilidad política que tiene que asumir el PP, como de los tribunales de justicia. Pero en ambos casos, a día de hoy, no está claro que se opte por asumir responsabilidades o que se vaya a perseguir a los corruptos y a la corrupción hasta sus últimas consecuencias.
Las declaraciones de intenciones del PP distan mucho de las actuaciones que están llevando a cabo. La apelación permanente de sus dirigentes a la presunción de inocencia de sus imputados, sin iniciar en el seno de su organización ninguna investigación seria, deja ver que hasta que no haya una resolución judicial inapelable, no serán implacables, es decir, no asumirán ninguna responsabilidad hasta que no haya más remedio. Se ha llegado incluso a asumir la financiación de la defensa de Barcenas, uno de los hombres que aparece como clave en el entramado de Correa en el seno de este partido.
Mientras tanto, el PP está aprovechando los contactos que tiene en la justicia para perseguir al juez Garzón e intentar desprestigiar la instrucción del caso, apelando a una conspiración o cuestionando la validez de las pruebas. Se sigue intentando repetir lo que sucedió con el caso Naseiro.
La corrupción se ha extendió a lo largo y ancho de nuestra geografía, pero el epicentro más importante han sido las estructuras organizativas y el sistema de relaciones de los gobiernos del PP, tanto a nivel nacional, bajo Aznar, donde se dio rienda suelta a este tipo de prácticas, en una coyuntura económica favorable a todo tipo de especulaciones, como a nivel autonómico y local, donde las tramas, la falta de trasparencia y la impunidad han continuado hasta el presente.
Cuando la fiscalía anticorrupción ha vuelto a tener medios, personal y financiación suficientes, cosa que no sucedió durante el gobierno de Aznar, la impunidad en la que se había instalado una corrupción conocida por todos, ha comenzado a ponerse en cuestión. Las investigaciones han ido destapando una trama tras otra, ahora la pelota está en el tejado tanto de la responsabilidad política que tiene que asumir el PP, como de los tribunales de justicia. Pero en ambos casos, a día de hoy, no está claro que se opte por asumir responsabilidades o que se vaya a perseguir a los corruptos y a la corrupción hasta sus últimas consecuencias.
Las declaraciones de intenciones del PP distan mucho de las actuaciones que están llevando a cabo. La apelación permanente de sus dirigentes a la presunción de inocencia de sus imputados, sin iniciar en el seno de su organización ninguna investigación seria, deja ver que hasta que no haya una resolución judicial inapelable, no serán implacables, es decir, no asumirán ninguna responsabilidad hasta que no haya más remedio. Se ha llegado incluso a asumir la financiación de la defensa de Barcenas, uno de los hombres que aparece como clave en el entramado de Correa en el seno de este partido.
Mientras tanto, el PP está aprovechando los contactos que tiene en la justicia para perseguir al juez Garzón e intentar desprestigiar la instrucción del caso, apelando a una conspiración o cuestionando la validez de las pruebas. Se sigue intentando repetir lo que sucedió con el caso Naseiro.
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¿Qué puede pasar si ganan la partida judicial, si consiguen eternizar el caso Gürtel en los tribunales de justicia o que se le dé carpetazo, como ya ha ocurrido con tantos casos de corrupción en la Comunidad Valenciana? ¿Qué credibilidad seguiría teniendo nuestro Estado de derecho y nuestro sistema democrático? ¿Un partido que aspira a gobernarnos puede permitirse el lujo de tolerar o proteger este tipo de prácticas sin que la sociedad civil responda? ¿Queremos el modelo de Berlusconi para España?
¿Qué puede pasar si ganan la partida judicial, si consiguen eternizar el caso Gürtel en los tribunales de justicia o que se le dé carpetazo, como ya ha ocurrido con tantos casos de corrupción en la Comunidad Valenciana? ¿Qué credibilidad seguiría teniendo nuestro Estado de derecho y nuestro sistema democrático? ¿Un partido que aspira a gobernarnos puede permitirse el lujo de tolerar o proteger este tipo de prácticas sin que la sociedad civil responda? ¿Queremos el modelo de Berlusconi para España?
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