Esto sería suficiente en una democracia avanzada para que un político quedara inhabilitado, o al menos para que alguien dentro de su partido le obligara a dimitir, si él no tiene la vergüenza y dignidad de hacerlo.
Pero aquí no pasa nada, se siguen moviendo los hilos desde el PP para proteger a sus imputados por corrupción, aunque se pongan en cuestión las principales instituciones de justicia y gobierno de la Comunidad Valenciana.
¿Se está defendiendo la vanidad de un sujeto impresentable o se está protegiendo el derecho con el que se creen ciertos dirigentes del PP a forrarse a costa del erario público? No sólo hay tres trajes como dice Rajoy, sino años de prácticas fraudulentas que han generalizado la corrupción tanto en las instituciones políticas y jurídicas, como en la sociedad valenciana.
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