jueves, 12 de noviembre de 2009

Sedesa y Enrique Ortiz anuncian acciones legales contra el PSPV
MIGUEL OLIVARES
Lubasa, por contra, no tiene previsto tomar ningún tipo de iniciativa por ahoraNinguna constructora citada en la querella secunda a Sedesa por el momento


La carga de profundidad que lanzó el PSPV al formular el lunes una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra Francisco Camps, varios responsables del PP de la Comunidad Valenciana y de la Generalitat, y cinco empresas constructoras por la supuesta comisión de los delitos de financiación irregular y varios otros, ha provocado una sacudida en el círculo más próximo al presidente de la Generalitat y entre algunas de las empresas contra las que los socialistas presentaron la querella.
La respuesta de las empresas implicadas en la denuncia del PSPV no ha sido, de entrada, idéntica, toda vez que registra diversas gradaciones, incluso entre las que han anunciado acciones legales. Sedesa fue la más contundente al anunciar ayer que "procederá a ejercitar acciones civiles y penales contra los firmantes de la querella".
"Hemos considerado interesante reaccionar de inmediato", comentó ayer una fuente de Sedesa, empresa que preside Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Consell y consejero de Agua, Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino.
….Los máximos responsables patronales valencianos participaron ayer en una reunión del comité ejecutivo de CEOE en Madrid y negaron haber recibido cualquier presión de ningún miembro del Consell. Pero otras fuentes patronales deslizan que el propio Rafael Blasco, portavoz del PP en las Cortes y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, ha extendido entre la clase empresarial la necesidad de reaccionar ante una querella que, según su versión, les pone en la picota.
Los máximos responsables patronales valencianos remitieron al comunicado que difundió Cierval hace unos días, donde rechazaron que se extiendan sospechas de forma generalizada sobre ningún sector pero también apuntaron que cada uno es responsable de sus actos.
El Ayuntamiento de Gandia desactivó un segundo frente de confusión impulsado por el PP de la Comunidad Valenciana en torno a las supuestas contrataciones irregulares de la corporación municipal con empresas relacionadas con la trama corrupta Pretoria destapada en torno al alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, que fue detenido hace dos semanas por orden del juez Baltasar Garzón.
…No existe un plazo legal establecido para que el TSJCV se pronuncie sobre la admisión a trámite, o no, de la querella formulada el lunes por los socialistas. La denuncia implica por primera vez al que fuera director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Pedro García; y a la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars.

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