Juan R. Gil.
A partir de 1993, «Paro, despilfarro y corrupción» fue el mantra con que el que Aznar machacó una y otra vez al Gobierno socialista hasta conseguir desalojarlo del poder tres años después. La frase está tan sobada como el «¡Váyase, señor González!» que Rajoy repite todos los días con Zapatero para eludir su propia responsabilidad de presentar un programa político alternativo a la improvisación de que hace gala el actual Ejecutivo, de nuevo socialista. Pero, por muy tópica que resulte, no hay ninguna otra que defina mejor la situación en que se encuentra la Comunidad Valenciana ahora que su estado vuelve a debate en las Cortes.La Comunidad está en quiebra. Quiebra económica, quiebra política, quiebra social y quiebra moral. Somos la región más endeudada en términos relativos y casi absolutos, con una deuda por habitante que ya sobrepasa los 4.000 euros. La Generalitat no tiene ni para pagar los gastos corrientes y, de no ser por las cajas, esas que ya hemos perdido, habría incurrido ya hace tiempo en el ilícito penal de no abonar las nóminas de los funcionarios. Los que pertenecen al sector de la Educación ya saben de qué hablo, porque las Universidades se las ven y se las desean para pagar a final de mes los sueldos y los profesores de Primaria y Secundaria ya han visto en más de una ocasión cómo sus emolumentos no eran ingresados en tiempo y forma. La bancarrota es total. Los proveedores que no cobran son ya legión y la suspensión de pagos de facto (de jure no sería legal, así que se hace pero no se dice) se produce cada año con mayor anticipación: la circular de Hacienda ordenado al resto de consellerias que dejen de pagar obras y servicios empezó por enviarse en el último trimestre del año, pero últimamente llega nada más transcurrido el primero. Al mismo tiempo que ni se genera ni se incentiva economía productiva, los servicios se van deteriorando cada vez más.
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