Hay que exigir el cambio en esta ley electoral absurda, al servicio del bipartidismo, que permite aumentar en representación aunque se baje en número de votos, como sucede con el PP en la Generalitat valenciana. También, debido a la vergonzosa carencia de principios cívicos y democráticos, en el seno de los principales partidos, hay que establecer por ley que imputados por corrupción no puedan concurrir a unas elecciones. Pues NO HAY PAN TANTO CHORIZO.
El aforamiento de nuestros representantes políticos ha demostrado ser un privilegio, que únicamente está sirviendo para proteger a los corruptos. La presunción de inocencia que es un derecho para todo ciudadano, no puede servir para eludir responsabilidades políticas. Un cargo electo imputado judicialmente por delitos relacionados con la corrupción debería cesar temporalmente en el ejercicio de sus funciones, sin duda alguna, esta medida serviría para que los juicios se aceleraran, en vez de lo que sucede hoy en día.
La corrupción política es uno de los principales males que acechan a una democracia, pues desvirtúa sus reglas del juego y acaba deslegitimando al conjunto del sistema. Los delitos tipificados como corrupción política no deberían de prescribir, pues son un atentado contra la esencia misma de la convivencia común. Las penas deberían ser ejemplares, además de la inhabilitación de por vida para desempeñar cargos públicos.
El correlato de la lucha contra la corrupción es la independencia del poder judicial. Difícilmente podemos confiar en su existencia, mientras que los partidos mayoritarios tengan el poder para facilitar el nombramiento de los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos y nacionales. Pues como se ha visto en la Comunidad Valenciana se puede dar el caso de claras relaciones de amistad o clientelares entre el juez que juzga y el cargo acusado, que se acaban plasmando en intentos más o menos descarados de exculpación.
Habría que tomar incluso medidas ingeniosas para romper con el dominio de la élite conservadora dentro de la carrera judicial. Se necesitan muchos más jueces para poder tramitar con rapidez y eficacia el volumen de asuntos que se producen y tendrían que haber becas para abogados, cuyas familias no puedan permitirse el lujo de mantenerlos mientras preparan unas oposiciones a juez. No olvidemos que Baltasar Garzón, un juez de extracción popular, está inhabilitado por intentar abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo y por atreverse a sacar a la luz el caso Gürtel.
Por último hay que decir que nuestro país necesita una educación acelerada en ciudadanía, pues, como dice José Luis Sanpedro, la gente vota de forma visceral y no racional, de otro modo no es comprensible que en unas elecciones autonómicas y municipales la corrupción no pase factura. Afortunadamente todavía hoy tenemos una oportunidad maravillosa de obtener esa formación acudiendo a las plazas de nuestras ciudades.
DEMOCRACIA REAL “AHORA”. Para los políticos de la partidocracia, de izquierda o derecha, la alta tasa de desempleo de la juventud no representa ningún problema; cuánto mayor reparto de la pobreza, mayor sumisión al poder (estatal o económico). Perfeccionemos la democracia __abrogando la partidocracia que utilizan los vividores del estado para enriquecerse y perpetuarse en el poder cabildeando oscuros intereses__ e implantando la autogestión legislativa a través de los organismos intermedios de la sociedad, a fin de que sean las propias organizaciones sociales las que promuevan las leyes que beneficien los legítimos intereses del pueblo Español, y acaben con los privilegios de los potentados. HTTP://WWW.SCRIBD.COM/DOC/34007753/LA-AUTOGESTIO-LEGISLATIVA
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