Nos han robado a manos llenas y por todas partes. Los altos cargos del PP, sus amigos jueces y empresarios han conformado una organización de facinerosos para realizar, ocultar y proteger los delitos contra los bienes públicos.
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¿Qué se puede hacer cuando los más altos cargos del gobierno valenciano a nivel autonómico, provincial y local están implicados en casos de corrupción? ¿Qué se debe hacer cuando determinados jueces en sus tribunales ordinarios o en el propio Tribunal Superior de Justicia valenciano han mostrado su parcialidad? Jueces, con nombres y apellidos, han permitiendo que los casos contra la corrupción se alarguen indefinidamente en el tiempo-caso Fabra, IVEX, Terra Mítica, etc.-, o directamente han protegido y exculpado a esos corruptos cuando han estado ante sus tribunales, pese a contar con objetivas pruebas de sus delitos, anteriormente ya sucedió con el caso Naseiro o con Blasco, en los noventa, y hace poco a vuelto a pasar con Alperi y con Camps.
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Las actuales instituciones de gobierno y de justicia de la comunidad valenciana están deslegitimadas, esto no es ni un estado de derecho que imparte justicia de manera imparcial, ni un gobierno que se dirija según los principios y valores de la decencia democrática.
La oposición no puede limitarse a una acción parlamentaria, hay que salir a la calle a denunciar esta situación, a exigir la dimisión de este gobierno y la convocatoria de unas elecciones.
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Vivimos un estado de excepción, no tiene ningún sentido continuar en las instituciones, pues seguir acudiendo a ellas es participar en la gran estafa a la que nos ha sometido este gobierno plagado de corruptos. Hay que abandonar el parlamento, las diputaciones y los ayuntamientos. Hacer un plante institucional hasta que no haya una normalización democrática.
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SI SIGUEN GOBERNANDO QUE NO LO HAGAN CON NOSOTROS.
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