sábado, 22 de mayo de 2010

LA COSA NOSTRA

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LA CORRUPCIÓN DE ALGUNOS HIZO DE LA POLÍTICA UN NEGOCIO. ALCANZAR EL DOMINIO POLÍTICO Y MANTENERLO HA CONSISTIDO EN PERMEAR LA CORRUPCIÓN EN LA SOCIEDAD VALENCIANA.
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De Zaplana a Camps, siempre con Fabra, el gobierno del PP en la Comunidad valenciana se sostiene en una nutrida red de clientelas, donde el control de cargos políticos produce beneficios privados tanto para los que los detentan, como para sus grupos de afines, familiares, amigos y otros deudores.El beneficio económico sin miramientos, santificado por la respetada autoridad eclesiástica y amparado en la identificación del PP con la esencia del "valensianismo", que presenta a la Comunidad Valenciana como "lo millor del mon", sirven, junto con el victimismo -la culpa de nuestras carencias es de ZP-, para construir una identificación colectiva, de los líderes con su pueblo, que no permite fisuras.El control de la televisión pública y el escaso papel de los jueces valencianos a la hora de perseguir la corrupción política, que de los ayuntamientos, a las diputaciones a alcanzando a la Generalitat, ponen en duda la salud del sistema democrático y de derecho en nuestra Comunidad.
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¿Cómo han logrado que la corrupción no pase factura electoral, se acepte como normal y pueda quedar impune? Aunque se van viendo síntomas de que esto comienza a cambiar.
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¿Quién se apunta a recopilar informaciones e investigaciones sobre la urdimbre de estas tramas?

1 comentario:

  1. diario informacion AlicanteMartes 18 de mayo de 2010Benidorm/Marina Baixa
    El concejal de Turismo de Benidorm, Manuel Cabezuelos, pidió ayer a la directora general del Patronato de Turismo Costa Blanca y edil de la ciudad, Gema Amor, que dé explicaciones públicas sobre su posible implicación en el caso de un presunto delito fiscal de la entonces Sociedad Proyectos Temáticos de Alicante (SPTA). Cabezuelos hizo estas declaraciones después de que la Audiencia Provincial de Alicante haya reabierto la causa, que fue archivada por un juez de Alicante el pasado año. En ella, la Fiscalía denunciaba un presunto fraude fiscal y documental de la SPTA, por importe de 1,6 millones en el año 2001

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